El año 2026 se presenta como un ejercicio clave en materia fiscal dentro del ordenamiento jurídico español. Aunque comienza bajo un escenario de prórroga presupuestaria, lejos de implicar un periodo estático, introduce una serie de ajustes normativos destinados a reforzar el control tributario, simplificar trámites para determinados colectivos y avanzar en la digitalización obligatoria del sistema fiscal. Estas transformaciones afectan tanto a ciudadanos particulares como a autónomos, empresas, profesionales y personas desempleadas, y su correcta comprensión es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y una adecuada planificación fiscal.

Los contratos forman parte constante de la vida personal y profesional. Sin embargo, no todas las condiciones que contienen son siempre legales ni equilibradas, y algunas pueden vulnerar los derechos de quien los firma sin posibilidad real de negociación.

En los últimos años, la relación entre el derecho y la tecnología ha experimentado una transformación sin precedentes. La aparición de la inteligencia artificial (IA), el big data y los dispositivos conectados ha generado enormes oportunidades, pero también nuevos riesgos legales que afectan directamente a la privacidad y los derechos fundamentales de las personas.

La regulación de la vivienda en España vuelve a estar en el foco del debate jurídico y social. Con el auge de los precios de alquiler y la situación estructural de acceso a una vivienda digna, la promulgación de la Ley por el Derecho a la Vivienda —y sus actualizaciones recientes de 2025— busca ajustar el marco normativo para proteger a inquilinos y facilitar el acceso a vivienda asequible.

La fiscalidad inmobiliaria en Baleares tiene un papel central en la economía insular, marcada por la presión turística, la escasez de suelo y la fuerte presencia de inversores extranjeros.